El presidente Javier Milei en su discurso de inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, entre otras cuestiones, expuso la siguiente situación
«… esta semana «nos enteramos que un exgobernador metió tras las rejas, sin debido proceso, a un ciudadano por 50 días meramente por hablar mal de la corona en un chat privado. Ofende el silencio de aquellos que se dicen republicanos».
Sin nombrarlo y catalogándolo como «monarca», parecería que se refería al exgobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, por la detención de dos personas en su provincia, quienes habrían ventilado información de carácter privada del dirigente radical.
El Presidente se refirió a Nahuel Morandini, un profesor de la Universidad de Salta que utilizó sus redes sociales para afirmar que la esposa de Morales, Tulia Snopek, había cometido una infidelidad. Por este hecho, el docente fue apresado y liberado tras 50 días de encierro por el revuelo periodístico y la presión social que se generó en las últimas semanas.
Morandini no fue el único apresado por esta situación. Un adulto de nombre Roque Villegas también fue apresado por un hecho similar, tras compartir un posteo de Facebook sobre la vida privada de Morales. El relato de Villegas es muy crudo: según su testimonio, el día de su detención, el 4 de enero, lo redujeron y lo detuvieron en un vehículo sin patente para trasladarlo a la cárcel. Al igual que Morandini, denuncia agresiones físicas y psicológicas durante su detención.
La insólita situación en Jujuy fue cuestionada desde diversos ámbitos, por el ataque a la libertar de expresión que representa, y por la desproporción de aplicarles a los acusados prisión preventiva. Hay otra mujer con una orden de detención por la misma causa.
La Justicia jujeña ordenó finalmente, en medio de una fuerte repercusión nacional por lo insólito de la detención, liberar a dos hombres que a principios de enero por haber hecho posteos en redes sociales con sugerencias sobre una supuesta infidelidad de Tulia Snopek, esposa del exgobernador Gerardo Morales.
En una audiencia realizada, se decidió cesar sobre esa prisión preventiva que tenía un lapso de 60 días y, tras el pedido hecho por el fiscal Walter Rondón, serán liberados por orden del juez Gustavo Ortiz.
Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dijo que para esta asociación, la causa contra Morandini y Villegas es “un caso muy grave de criminalización a la libertad de expresión”.
El CELS denunció el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas. “Es un proceso absolutamente desmesurado e irracional, de un uso abusivo del derecho penal”, afirmó Lloret.
Para el constitucionalista Daniel Sabsay, esta causa es, directamente, “un disparate que no tiene nombre”, implica “un enorme quebrantamiento de la libertad de expresión, que es clave en toda democracia, y de comunicación de una persona, sin ninguna fundamentación válida”.
“Además, no se respetó el derecho de defensa. Es un caso que habla de cómo funciona la Justicia en Jujuy”, dijo Sabsay.
Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, advirtió que “la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que en el marco de un ejercicio de la libertad de expresión que afecta derechos de terceros violando su honor, la responsabilidad ulterior que debe aplicarse debe ser primordialmente la civil, y excepcionalmente -y con tendencia a desaparecer-, la penal”. Destacó que en la Argentina “las calumnias e injurias tienen una pena de multa, no de prisión”.
Consideró “irrazonable y abusivo” aplicar la figura de la sustitución de identidad en este caso y sostuvo que las prisiones preventivas son “absolutamente irrazonables”.
Pedro Caminos, también constitucionalista, dijo que el caso le genera “alarma”. Sostuvo que “el tuit, por sí solo, plantea una conjetura y que, al ser conjetural, no genera responsabilidad ni civil ni penal”. Advirtió que, avanzada la causa, el fiscal introdujo como prueba contra Morandini una conversación que mantuvo en un grupo de WhatsApp, donde da por cierta la infidelidad, pero Caminos observa que el fiscal no explica “en qué medida enviar un mensaje en un grupo privado de WhatsApp impacta en la vida de Tulia Snopek”.
También cuestionó las prisiones preventivas, que solo se pueden dictar -advierte la Corte- cuando hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, dos situaciones no acreditadas en el caso.
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